Conoce tus derechos

¿Qué es la Ley 348 en Bolivia?

Es la Ley  para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.

A continuación te presentamos la preguntas más frecuentes; si deseas mayor información ingresa a: CONOCE TUS DERECHOS

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Conoce tus Derechos

Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. La Ley 348 no reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos de violencia contra la mujer.

¿A quién protege la Ley? (Art. 5)

Protege a todas las mujeres sin importar su edad, condición, situación, origen o estado civil.

¿Qué se entiende por violencia contra la Mujer? (Art. 6)

La ley 348 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.

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¿Qué tipos de violencia sanciona la Ley Nº 348? (Art. 7)

Violencia Física. Es toda acción que causa lesiones, daño corporal, interno, externo o ambos, de manera temporal o permanente y se manifiesta con golpes, quemaduras, empujones, agresión con armas, entre otros.

Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

Violencia Psicológica. Son acciones que desvalorizan, intimidan y buscan controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres y se expresa con gritos, insultos, amenazas, humillación, difamación, desvalorización, chantajes, desprecio y otros.

Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual de la mujer, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad.

Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.

Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.

Violencia simbólica y/o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.

Violencia en servicios de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Violencia patrimonial y económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.

Violencia laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por cualquier persona que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.

Violencia en el sistema educativo. Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.

Violencia política. Son acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o  restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Violencia institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.

Violencia en la familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el esposo o ex-esposo, conviviente o ex-conviviente, o su familia, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones del Estado para que se cumpla la Ley 348? (Art. 9)

Las instituciones de los 4 órganos del Estado, así como las Gobernaciones, Alcaldías y Pueblos Indígenas, en el marco de sus competencias y responsabilidades, deben:

1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia.

2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia.

3. Crear y sostener servicios de reeducación integral especializada para los agresores, así como otras medidas  destinadas a modificar su comportamiento.

4. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. 5. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

¿Qué medidas se deben aplicar desde las instituciones del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres? (Art. 17)

Los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como las gobernaciones y alcaldías crearán y adoptarán las medidas necesarias para modificar los comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, naturalizan y reproducen la violencia.

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¿Qué es la prevención estructural? (Art.17)

Son aquellas medidas integrales destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto la violencia contra las mujeres, así como su sustitución por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, comunitario, social y estatal, a través de la sensibilización y educación en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, los centros de atención de la salud, las comunidades indígenas originario campesinas y afrobolivianas, organizaciones políticas y sindicales, organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de interacción social.

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Las comunidades indígenas y campesinas ¿están obligadas a cumplir esta Ley? (Art. 18)

• La Ley 348 es de cumplimiento obligatorio para todas las personas en el Estado Plurinacional sin excepción

• Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario campesinas podrá vulnerar los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política del Estado y las leyes.

• Las autoridades de las comunidades indígena adoptarán medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad.

• Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos ocurridos en las comunidades y pueblos indígenas serán derivados a la jurisdicción ordinaria.

¿Cuáles son las principales medidas que tiene que implementar el Ministerio de Educación en relación a la violencia hacia las mujeres? (Art. 19)

• Crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica, con especialidad obligatoria en violencia para la atención sicológica de las y los estudiantes que viven en familias en situación de violencia.

• Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio.

• Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo.

• Elaborar reglamentos para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas. Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboración y difusión de material educativo con enfoque de equidad de género e igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

¿Cuáles son las principales medidas que tiene que implementar el Ministerio de Salud en relación a la violencia hacia las mujeres? (Art. 20)  

• Garantizar que todos los centros de salud públicos, de convenio o privados respondan con atención médica y psicológica de emergencia y tratamiento inmediato de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o violencia, quedando prohibida la negación de atención.

• Elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud públicos, de convenio o privados.

• Referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección.

• Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen en ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

• El personal médico de los cetros de salud públicos, de convenio o privados deberá extender de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia.

• El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento. Prevenir y sancionar la violencia en servicios de salud y cualquier otra forma de violencia contra las mujeres en los servicios de salud, ejercida por cualquier funcionario de los servicios de salud públicos, de convenio o privados.

¿Cuáles son las principales medidas que tiene que implementar el Ministerio de Trabajo en relación a la violencia contra las mujeres? (Art. 21)

Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos que generen discriminación por razones de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad, para el acceso a un puesto de trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo.

• Deberá prohibirse, de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, prueba de VIH/SIDA, de embarazo, condición de maternidad, situación de pareja u otras de tipo personal, más allá de la idoneidad.

• Sancionar el despido injustificado de las mujeres por su estado civil, embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas o hijos o cualquier forma que implique discriminación laboral.

. • Protegerlas contra toda forma de acoso sexual o acoso  laboral, y adopción de procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. Adoptar un sistema de flexibilidad y tolerancia en los lugares de trabajo para mujeres que se encuentren en situación de violencia, garantizando sus derechos laborales. • Adoptar normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres.

Un hombre o una persona que ha cometido violencia contra las mujeres ¿puede tener cargos públicos?

La Ley establece que, para acceder a un cargo público de cualquier oficina nacional, departamental o municipal del Estado; sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.